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Poggi presentó un proyecto de ley para que se publiquen los resultados de las evaluaciones educativas

El legislador puntano propuso la modificación del artículo 97 de la Ley de Educación.

Claudio Poggi.
Actualizada: 14/04/2022 09:07
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Este miércoles el diputado Nacional, Claudio Poggi presentó un proyecto de ley que propicia la publicación de los resultados de las evaluaciones educativas desagregadas “por escuela”. A través de las redes sociales Claudio Poggi contó su iniciativa y escribió que sigue “pensando en la educación”.

De este modo planteó la modificación del artículo N° 97 de la Ley de Educación (26.206), para que en el caso de ser aprobada el ministerio de Educación y las jurisdicciones educativas hagan públicos los datos e indicadores “que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa”. Establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos y docentes a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la normativa vigente”.

La norma autorizará “la publicidad de datos e indicadores desagregados por instituciones educativas”, y además permitirá que “los/as alumnos/as y/o sus tutores” puedan “solicitar el resultado de las evaluaciones personales realizadas en el marco de la política de evaluación del sistema educativo”.

“El objeto del presente proyecto es garantizar que se pueda contar con la información necesaria para mejorar las políticas públicas pero también, para dar participación a la sociedad, ejercer los controles necesarios, generar transparencia y efectivizando el derecho de acceso a la información que dispone el Estado”, explicó en los fundamentos.

“En nuestro país existen distintas posiciones respecto a la aplicación de normas y de la valoración de los principios que ellas aplican con relación la divulgación de los resultados de las pruebas de evaluación educativa nacional. En este sentido, nuestro plexo normativo debe ser interpretado en forma armoniosa, siempre en miras al bien común, y en particular –en el caso que nos ocupa–, propiciando una mejora continua en nuestro sistema educativo nacional, y teniendo en cuenta el principio de publicidad dado el sistema republicano adoptado en nuestra Constitución”, fundamentó Poggi.

Añade el artículo 10 de la ley 17.622 de Estadísticas y Censos, el cual “establece que las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos”. Además, dicha norma asegura que “los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran”.

Tiene en cuenta la ley 25.326 sobre “la protección integral de los datos personales” que garantiza “el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional”.

Añade la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que avala “el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los principios de transparencia, máxima divulgación y acceso, entre otros”.

“Así, el acceso a la información pública, conforme establece el texto legal, solo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en la mencionada ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican. La información debe publicarse en forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios posible”, sostiene el legislador de Avanzar San Luis.

Advirtió que el punto central de la modificación que propone “se centra en qué información debe ser protegida o resguardada y cuál debe ser difundida para garantizar el acceso a la información pública, en el entendimiento de colaborar con la mejora de las políticas públicas en educación, como así también en el cumplimiento del deber de información del Estado y su correlato derecho ciudadano”.

Tuvo en cuenta que los principios de transparencia y máxima divulgación pública y de acceso “son esenciales para asegurar la garantía constitucional de participación ciudadana y de control”; y que “deben ser considerados preferentemente, incluso, respecto de los resultados evaluativos de las instituciones educativas”.

También marcó la importancia de resguardar “adecuadamente los datos personales de los alumnos, las alumnas y docentes de manera de evitar estigmatizaciones, cuidar el honor y la intimidad personal”.

Insistió que la educación “es un derecho fundamental y una herramienta de inclusión social, que posibilita el progreso personal y así el desarrollo socioeconómico de la comunidad”. Y agregó que el Estado “debe garantizar su acceso universal, una educación pertinente y de calidad”.

Sostiene que la evaluación educativa es “un instrumento fundamental para la mejora continua que no tiene otra finalidad que la búsqueda de la excelencia en la calidad educativa”; y que posibilita “merituar avances y resultados, para poner en marcha procesos de mejoramiento”.

“Deviene en un elemento que regula la prestación del servicio estatal de suma importancia para el estudiante y toda la sociedad”, añade en el documento.

Tae al análisis la experiencia de cuando fue gobernador de San Luis: “Mi preocupación mayor fue el progreso de la provincia. No hay progreso sin educación. Las políticas públicas en educación revistieron la característica transversal de mi gobierno”. Agregó inclusive “la idea de mérito y de evaluación de la calidad educativa”, que se concibieron como “dos de las principales iniciativas” en esta área.

“En particular, por ley provincial Nº II-0905- 2014 se creó el Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa que, entre otras funciones, tiene la de hacer público los resultados de las respectivas evaluaciones, respetando las políticas de difusión y respeto académico”, ahondó.

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